I. PROCEDIMIENTO

1. El 2 de febrero de 2010, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) registró una Solicitud de Arbitraje, junto con una Solicitud de Medidas Provisionales, de Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. (las “Demandantes” o “Convial”) contra la República del Perú (la “Demandada” o el “Perú”) bajo el Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República Argentina sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 10 de noviembre de 1994 (el “Tratado”).

2. En la Solicitud de Arbitraje, Convial indicaba que: i) había “suscri[to]… un contrato de concesión para el diseño, construcción, administración, explotación y mantenimiento… de la Vía Expresa del Callao… con la Municipalidad Provincial del Callao..., subdivisión política del Perú”; 1 ii) dicha concesión constituía una inversión de conformidad con el Tratado; iii) a la cual “no [se le había] otorg[ado] plena protección”, 2 ni “un tratamiento justo y equitativo”,3 iv) misma que había “s[ido] confiscada por la Demandada”,4 por cuenta de la “deci[sión], [tomada] por oportunismo político y de manera ilegal, [de] declarar la caducidad del Contrato de Concesión y tomar posesión de la Vía Expresa invocando el supuesto interés general”.5